Noticias — Chihuahua
Concesiones dormidas, ley ignorada y silencio oficial: SITCOPE exige acción inmediata en Transporte
Mientras los días pasan y el transporte público sigue atrapado entre la necesidad ciudadana y la omisión institucional, decenas de concesiones de taxi permanecen inactivas en el estado de Chihuahua. Algunas llevan más de cuatro años sin operar. Otras, incluso más. No están en la calle, no prestan servicio y no cumplen su función social, pese a que la ley es clara.
Desde hace meses, la asociación SITCOPE A.C. ha presentado escritos formales ante la Secretaría de Transportes solicitando la revisión exhaustiva de todas las concesiones de taxi inactivas, con el objetivo de que sean reactivadas y puestas a trabajar por medio de agremiados que sí cuentan con vehículo, sí están dispuestos a invertir y sí quieren prestar el servicio bajo la modalidad de taxi.
La escena se repite: documentos ingresados, acuses recibidos y, del otro lado, un silencio que pesa.
La Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, en su artículo 71, establece que una concesión debe ponerse en operación en un plazo máximo de 30 días posteriores a su otorgamiento. No es una sugerencia, es una obligación legal. Sin embargo, en los registros existen concesiones que superan por mucho ese plazo sin que se conozcan acciones de revocación, revisión o reasignación.
Para SITCOPE, la falta de actuación no es menor. La omisión reiterada de aplicar la ley, advierten, puede configurar responsabilidades administrativas e incluso penales, al tratarse de una autoridad encargada de vigilar, regular y hacer cumplir la normatividad vigente.
Durante una de las reuniones sostenidas entre la asociación y la Secretaría de Transportes, la directora Julia Vidal habría señalado al presidente de SITCOPE, Edgar Lara, que “no era su justicia” la que debía aplicarse. Una afirmación que, lejos de aclarar el fondo del asunto, evidenció una confusión preocupante: no se está solicitando justicia por mano propia, sino la aplicación estricta de la ley vigente.
“La ley no es mía ni de ningún dirigente. Es la ley del estado y debe cumplirse. Exigir que se aplique no es justicia personal, es legalidad”, sostiene Lara.
A la fecha, la directora de Transportes no ha hecho pública información clara sobre qué acciones se están llevando a cabo respecto a las concesiones inactivas, ni ha respondido de fondo a las peticiones formales ingresadas por la asociación. La falta de transparencia y la ausencia de respuestas concretas agravan un problema que impacta directamente al transporte público y al sustento de cientos de familias.
“No se trata de confrontar por confrontar. Se trata de que la ley se cumpla. Mientras hay concesiones guardadas en el cajón, hay ciudadanos sin servicio y trabajadores listos para operar”, señala Edgar Lara, presidente de SITCOPE A.C.
La asociación sostiene que mantener concesiones inactivas no solo frena la movilidad, sino que distorsiona el padrón, encarece el acceso al trabajo y abre la puerta a prácticas discrecionales que la propia ley busca evitar.
Ante la falta de respuesta institucional, SITCOPE hace un llamado directo a la gobernadora del estado para que tome cartas en el asunto, instruya una revisión real del padrón de concesiones y garantice que la Ley de Transporte no sea letra muerta.
El transporte público no se gobierna con frases ambiguas ni con silencios administrativos.
Se gobierna con ley, con datos y con decisiones.
Y hoy, las concesiones inactivas siguen ahí, esperando… mientras el plazo legal marcado hace años ya se agotó.
Así lo expone
Edgar Lara
Presidente de SITCOPE A.C.
Desde hace meses, la asociación SITCOPE A.C. ha presentado escritos formales ante la Secretaría de Transportes solicitando la revisión exhaustiva de todas las concesiones de taxi inactivas, con el objetivo de que sean reactivadas y puestas a trabajar por medio de agremiados que sí cuentan con vehículo, sí están dispuestos a invertir y sí quieren prestar el servicio bajo la modalidad de taxi.
La escena se repite: documentos ingresados, acuses recibidos y, del otro lado, un silencio que pesa.
La Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, en su artículo 71, establece que una concesión debe ponerse en operación en un plazo máximo de 30 días posteriores a su otorgamiento. No es una sugerencia, es una obligación legal. Sin embargo, en los registros existen concesiones que superan por mucho ese plazo sin que se conozcan acciones de revocación, revisión o reasignación.
Para SITCOPE, la falta de actuación no es menor. La omisión reiterada de aplicar la ley, advierten, puede configurar responsabilidades administrativas e incluso penales, al tratarse de una autoridad encargada de vigilar, regular y hacer cumplir la normatividad vigente.
Durante una de las reuniones sostenidas entre la asociación y la Secretaría de Transportes, la directora Julia Vidal habría señalado al presidente de SITCOPE, Edgar Lara, que “no era su justicia” la que debía aplicarse. Una afirmación que, lejos de aclarar el fondo del asunto, evidenció una confusión preocupante: no se está solicitando justicia por mano propia, sino la aplicación estricta de la ley vigente.
“La ley no es mía ni de ningún dirigente. Es la ley del estado y debe cumplirse. Exigir que se aplique no es justicia personal, es legalidad”, sostiene Lara.
A la fecha, la directora de Transportes no ha hecho pública información clara sobre qué acciones se están llevando a cabo respecto a las concesiones inactivas, ni ha respondido de fondo a las peticiones formales ingresadas por la asociación. La falta de transparencia y la ausencia de respuestas concretas agravan un problema que impacta directamente al transporte público y al sustento de cientos de familias.
“No se trata de confrontar por confrontar. Se trata de que la ley se cumpla. Mientras hay concesiones guardadas en el cajón, hay ciudadanos sin servicio y trabajadores listos para operar”, señala Edgar Lara, presidente de SITCOPE A.C.
La asociación sostiene que mantener concesiones inactivas no solo frena la movilidad, sino que distorsiona el padrón, encarece el acceso al trabajo y abre la puerta a prácticas discrecionales que la propia ley busca evitar.
Ante la falta de respuesta institucional, SITCOPE hace un llamado directo a la gobernadora del estado para que tome cartas en el asunto, instruya una revisión real del padrón de concesiones y garantice que la Ley de Transporte no sea letra muerta.
El transporte público no se gobierna con frases ambiguas ni con silencios administrativos.
Se gobierna con ley, con datos y con decisiones.
Y hoy, las concesiones inactivas siguen ahí, esperando… mientras el plazo legal marcado hace años ya se agotó.
Así lo expone
Edgar Lara
Presidente de SITCOPE A.C.